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 <title>Entrevistas - Lecciones y Ensayos - Publicaciones | Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires</title>
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   <h1>Entrevista al Dr.                 Germ&aacute;n Bidart Campos</h1>
   <div>
     <div>
       <p><strong>LyE: &iquest;Puede hacerse Derecho Constitucional                     sin Ciencia Pol&iacute;tica? &iquest;Y sin Historia? &iquest;Cu&aacute;les                     son sus ventajas e inconvenientes?</strong></p>
       <p><strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">Bidart Campos</span></em></strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">:</span></em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX"> </span> Como poder hacerse,                     se puede. Lo que ocurre es que resulta muy dif&iacute;cil hacer                     derecho constitucional &ldquo;as&eacute;ptico&rdquo;, o sea,                     sin las conexiones con la ciencia pol&iacute;tica y con la historia                     (pol&iacute;tica y constitucional).</p>
       <p> Un m&iacute;nimo de remisiones a la ciencia                     pol&iacute;tica y a la historia creo que no solamente es &uacute;til,                     sino indispensable, porque de lo contrario, muchos temas no                     podr&aacute;n comprenderse ni explicarse bien, o acaso ser&aacute;n                     objeto de un tratamiento explicativo fragmentado. Por eso empec&eacute;                     diciendo que era dif&iacute;cil hacer derecho constitucional                     a secas. </p>
       <p><strong>LyE: &iquest;Los Derechos Humanos deben                     ser estudiados como disciplina aut&oacute;noma o como subespecie                     del Derecho Constitucional?</strong></p>
       <p><strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">Bidart Campos</span></em></strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">:</span></em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX"> </span> Prefiero que los derechos                     humanos sean objeto de un doble estudio, o sea, de dos asignaturas.                     Por supuesto que en el derecho constitucional los derechos humanos                     se estudian y se deben estudiar, pero el enfoque que se les                     da es el propio de la constituci&oacute;n donde los derechos                     tienen base &mdash;expresa o impl&iacute;cita&mdash;. Es decir,                     en derecho constitucional los derechos humanos se analizan desde                     la positivaci&oacute;n normativa y f&aacute;ctica (o sociol&oacute;gica)                     que logran, o no, en un derecho constitucional determinado,                     que es del estado al que ese derecho constitucional pertenece.                     En cambio, una asignatura de derechos humanos aut&oacute;noma                     &mdash;si as&iacute; cabe llamarla&mdash; tiene su propio contenido,                     en el que &mdash;por ejemplo&mdash; se estudian los fundamentos                     de los derechos desde un punto de vista iusfilos&oacute;fico,                     desde su desarrollo hist&oacute;rico, m&aacute;s los condicionamientos                     sociopol&iacute;ticos, econ&oacute;micos, culturales, etc. que                     favorecen o perjudican su vigencia. </p>
       <p> Y se a&ntilde;ade un enfoque jur&iacute;dico                     &mdash;por supuesto&mdash; de derecho constitucional general,                     y hasta podr&iacute;a ser de derecho comparado, m&aacute;s el                     propio del derecho internacional de los derechos humanos. </p>
       <p> La dualidad que yo prefiero es la que con el                     nuevo plan de estudios se viene aplicando en nuestra Facultad.</p>
       <p><strong>LyE: &iquest;Cree Ud. que la imposibilidad                     f&aacute;ctica de dar cumplimiento a una amplia cantidad de                     derechos y declaraciones establecidos en la Constituci&oacute;n                     Nacional, en particular las largas listas de derechos consagrados                     por intermedio de los incisos 17, 19, 22 del art. 75 de la Constituci&oacute;n                     Nacional, afecta o puede afectar la legitimidad de la propia                     Constituci&oacute;n?</strong></p>
       <p><strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">Bidart Campos</span></em></strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">:</span></em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX"> </span> Yo contestar&iacute;a                     esta pregunta diciendo que el texto escrito, o la &ldquo;letra&rdquo;                     de la Constituci&oacute;n reformada en 1994, no pierde legitimidad,                     si es que coincidimos en reconocer &mdash;como personalmente                     yo lo hago&mdash; que el acrecimiento que nuestro sistema de                     derechos ha logrado a partir de entonces, es bueno, es justo,                     est&aacute; de acuerdo con la progresividad y maximizaci&oacute;n                     del plexo axiol&oacute;gico. Lo que ocurre es que si todo eso                     se queda bloqueado e inerte en la letra de las normas constitucionales,                     lo que se deslegitima es el sistema democr&aacute;tico en su                     vigencia real, en su funcionamiento sociopol&iacute;tico.</p>
       <p> Y, por supuesto, la constituci&oacute;n que                     permanece escrita sin cumplirse &mdash;acaso hasta siendo violada                     por omisi&oacute;n&mdash; pierde credibilidad y respeto en las                     valoraciones sociales, lo cual es muy malo para la democracia                     y para el r&eacute;gimen pol&iacute;tico en general.</p>
       <p><strong>LyE: &iquest;Cu&aacute;les son los ejemplos                     m&aacute;s recientes y relevantes de los supuestos que habilitar&iacute;an,                     a su entender, la declaraci&oacute;n de la inconstitucionalidad                     por omisi&oacute;n?</strong></p>
       <p><strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">Bidart Campos</span></em></strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">:</span></em> Propongo                     un solo ejemplo: el que impide al poder ejecutivo &mdash;seg&uacute;n                     mi interpretaci&oacute;n&mdash; dictar decretos de necesidad                     y urgencia por no existir la Comisi&oacute;n Bicameral Permanente                     que debe darles seguimiento y control hasta su ingreso a las                     c&aacute;maras del congreso. Quiz&aacute; se pueda a&ntilde;adir,                     seg&uacute;n la interpretaci&oacute;n que se adopte por cada                     uno, que tambi&eacute;n hay omisi&oacute;n inconstitucional                     en no haberse dictado la ley que reglamente qu&eacute; le ocurre                     al decreto de necesidad y urgencia una vez que, en su etapa                     final, ingresa al congreso. Yo no estoy muy seguro de que esta                     &uacute;ltima omisi&oacute;n revista la entidad inconstitucional                     que para m&iacute; tiene la inexistencia de la Comisi&oacute;n                     Bicameral, porque si &eacute;sta existiera &mdash;como tambi&eacute;n                     existe el Jefe de Gabinete de Ministros&mdash; el tratamiento                     del decreto en el congreso ser&iacute;a capaz de funcionar aun                     sin ley reglamentaria, aplic&aacute;ndose una serie de pautas                     y principios constitucionales (por ej., el que proh&iacute;be                     la sanci&oacute;n ficta o t&aacute;cita, que tanto con ley como                     sin ley impide tener por aprobado un decreto de necesidad y                     urgencia por el mero silencio del congreso, que ni lo aprueba                     ni lo rechaza).</p>
       <p><strong>LyE: &iquest;A qu&eacute; motivo atribuye                     Ud. la no reglamentaci&oacute;n del instituto de Juicio por                     Jurados contemplado en los art&iacute;culos 24 y 118 de la Constituci&oacute;n                     Nacional?</strong></p>
       <p><strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">Bidart Campos</span></em></strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">:</span></em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX"> </span> Esta pregunta sugiere                     muchas cosas. Para empezar, me limito a lo que ella estrictamente                     plantea. Creo que el juicio por jurados no ha sido reglamentado                     porque por mucho tiempo una opini&oacute;n predominante ha considerado                     que no responde a nuestra tradici&oacute;n judicial y que es                     un trasplante de una instituci&oacute;n ajena a nuestro medio.                     M&aacute;s all&aacute; de esto, la no reglamentaci&oacute;n                     durante un siglo y medio no configura, para m&iacute;, una omisi&oacute;n                     inconstitucional porque la f&oacute;rmula que emplea el viejo                     art. 102, hoy art. 118, le depara al congreso el tiempo que                     &eacute;ste crea conveniente tomarse, ya que el texto alude                     a que los juicios criminales se terminar&aacute;n por jurados                     luego que en la rep&uacute;blica se establezca esta instituci&oacute;n.                     Ac&aacute; hay una pr&oacute;rroga para dictar la ley y para                     que funcione el jurado, que queda librada a juicio del propio                     congreso, de modo que si hasta ahora no ha dictado esa ley,                     me parece que no puede pretenderse que el jurado tenga que funcionar                     ya. La f&oacute;rmula del art. 118 se diferencia mucho de las                     otras normas que en forma imperativa emplean otras expresiones                     gramaticales: por ejemplo &ldquo;la ley establecer&aacute;&rdquo;,                     &ldquo;la ley asegurar&aacute;&rdquo;, etc. Ac&aacute; no se                     concede un margen temporal al congreso para dictar esa ley,                     de modo que si transcurrido un lapso razonablemente prudencial                     el congreso no legisla, su omisi&oacute;n es inconstitucional.</p>
       <p><strong>LyE: &iquest;Qu&eacute; opini&oacute;n                     le merece a Ud. la eliminaci&oacute;n del colegio electoral?                     &iquest;Cu&aacute;les son sus implicancias en el sistema federal?</strong></p>
       <p><strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">Bidart Campos</span></em></strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">:</span></em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX"> </span> Siempre pens&eacute;                     que nuestro colegio electoral funcionaba normalmente de modo                     equivalente a una elecci&oacute;n directa, y por eso siempre                     cre&iacute; tambi&eacute;n que hab&iacute;a que suprimirlo.                     Vigente la reforma de 1994 me hice cargo de que la elecci&oacute;n                     directa no da cabida a mucho protagonismo electoral de una gran                     cantidad de provincias, por lo que la elecci&oacute;n presidencial                     se decide fundamentalmente con el electorado de la Ciudad de                     Buenos Aires y de las provincias de mayor poblaci&oacute;n.</p>
       <p> La cr&iacute;tica que hoy se hace a tal resultado                     se funda en la idea de que el federalismo se desdibuja. Aun                     cuando as&iacute; sea, seguimos creyendo que la elecci&oacute;n                     directa ha sincerado las cosas. </p>
       <p><strong>LyE: &iquest;Es parte integrante del                     Poder Judicial el Consejo de la Magistratura? &iquest;La instauraci&oacute;n                     del Consejo de la Magistratura afecta a la supremac&iacute;a                     de la Corte Suprema de Justicia de la Naci&oacute;n como m&aacute;xima                     autoridad administrativa y disciplinaria dentro del Poder Judicial?</strong></p>
       <p><strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">Bidart Campos</span></em></strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">:</span></em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX"> </span> Hay doctrina que al                     Consejo de la Magistratura lo considera una parte integrante                     del poder judicial federal, y otra que lo niega. Seguramente,                     para tomar partido no hay que quedarse &uacute;nicamente en                     la letra de las normas, porque &eacute;stas no siempre resuelven                     por s&iacute; solas un problema dudoso. Es cierto que el texto                     reformado en 1994 coloca al Consejo y al Jurado de Enjuiciamiento                     en el fragmento normativo dedicado al poder judicial federal,                     pero esto no basta. Se alega en contra &mdash;por ejemplo&mdash;                     que sigue inc&oacute;lume el art. 108, seg&uacute;n el cual                     &ldquo;El poder judicial de la naci&oacute;n ser&aacute; ejercido                     por una Corte Suprema de Justicia y por los dem&aacute;s tribunales                     inferiores que el congreso estableciere en el territorio de                     la naci&oacute;n&rdquo;. Esta norma no se reform&oacute; para                     incluir al Consejo y al Jurado. &iquest;Qu&eacute; opini&oacute;n                     sostengo yo? </p>
       <p> En cuanto al art. 108, digo que su texto quiere                     significar que la funci&oacute;n de administrar justicia est&aacute;                     a cargo exclusivo de la Corte y los dem&aacute;s tribunales.                     Eso era as&iacute; antes de 1994 y sigue siendo as&iacute; despu&eacute;s,                     porque ni el Consejo ni el Jurado cumplen funci&oacute;n judiciaria.</p>
       <p> Las competencias que les asignan los arts.                     114 y 115 no son las correspondientes a los tribunales del Poder                     Judicial. Con esto, despejo la objeci&oacute;n. </p>
       <p> En lo dem&aacute;s, creo que el Consejo y el                     Jurado integran &ldquo;org&aacute;nicamente&rdquo; el Poder                     Judicial con las atribuciones que la reforma les otorga. </p>
       <p>Que guste o no guste, queda librado a la cr&iacute;tica,                     pero que las tienen no puede negarse si es que acaso no gustan.                     Lo que dejo en claro es que la Corte sigue reteniendo la jefatura,                     a la cabeza del Poder Judicial Federal. Como se advierte, el                     tema es complicado y da margen a confusiones. Espero que ni                     el Consejo ni el Jurado interfieran en cuanto sigue siendo competencia                     constitucional de la Corte. </p>
       <p><strong>LyE: A la luz de los antecedentes jurisprudenciales                     de los casos &ldquo;Graffigna Latino, Carlos&rdquo;, &ldquo;Nellar,                     Juan Carlos&rdquo;, etc. &iquest;Qu&eacute; postura cree Ud.                     que tomar la Corte Suprema a raz&oacute;n de la recurribilidad                     por ante ella de un fallo pronunciado por el Jurado de Enjuiciamiento?                     &iquest;Qu&eacute; postura entiende Ud. que le corresponder&iacute;a                     adoptar a la Corte Suprema ante el mismo supuesto?</strong></p>
       <p><strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">Bidart Campos</span></em></strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">:</span></em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX"> </span> La irrecurribilidad                     que la reforma constitucional asigna a la decisi&oacute;n destitutoria                     del Jurado de Enjuiciamiento debe, para m&iacute;, entenderse                     de la siguiente manera. Aplico el criterio de la Corte en su                     fallo del caso &ldquo;Nicosia&rdquo; que, aunque anterior a                     la reforma de 1994, creo que ha dejado sentada la interpretaci&oacute;n                     correcta. Lo que de irrecurrible &mdash;en el sentido de que                     no puede ser sometido a revisi&oacute;n de la Corte mediante                     recurso extraordinario&mdash; ha de revestir la decisi&oacute;n                     del Jurado versa &uacute;nicamente sobre el encuadre que &eacute;ste                     hace de una o m&aacute;s conductas respecto de la causal de                     remoci&oacute;n aplicada al juez que destituye, seg&uacute;n                     las pruebas acumuladas. Todo lo dem&aacute;s: revisar si el                     &oacute;rgano ha actuado con competencia; si formalmente la                     tramitaci&oacute;n de la causa se ha ajustado a la Constituci&oacute;n;                     si se ha respetado el debido proceso; si los derechos y garant&iacute;as                     del acusado han sido o no violados, debe quedar sujeto a posible                     control judicial de la Corte en instancia extraordinaria. En                     suma, lo que no puede pretenderse es que la Corte diga: seg&uacute;n                     la prueba, est&aacute; mal calificada la causal destitutoria,                     por lo que el Jurado no debi&oacute; destituir; en consecuencia,                     yo dejo sin efecto su decisi&oacute;n. Si la Corte actuara as&iacute;,                     estar&iacute;a entrando en el &aacute;mbito de una cuesti&oacute;n                     que seg&uacute;n mi punto de vista queda librada exclusivamente                     a decisi&oacute;n final y definitiva del &oacute;rgano al que                     la Constituci&oacute;n le confiere la facultad de juzgar y,                     eventualmente, de remover al juez incurso en una causal constitucional                     dentro de la cual encuadr&oacute; su conducta.</p>
       <p> Realmente, no me arriesgo a opinar cu&aacute;l                     ser&aacute; la jurisprudencia futura de la Corte en esta materia,                     cuando acaso un juez destituido recurra ante ella alegando que                     ha sido mal removido por el Jurado. Me gustar&iacute;a que aplicara                     la del ya citado caso &ldquo;Nicosia&rdquo;.</p>
       <p><strong>LyE: &iquest;Existe una verdadera zona                     de reserva de la Administraci&oacute;n en la Constituci&oacute;n?</strong></p>
       <p><strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">Bidart Campos</span></em></strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">:</span></em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX"> </span> Contesto afirmativamente:                     cada &oacute;rgano de poder tiene su propia zona de reserva.                     Por ende, la administraci&oacute;n tiene la suya. El ejemplo                     para m&iacute; m&aacute;s convincente es el siguiente, en el                     que siempre he seguido la doctrina de Miguel S. Marienhoff sobre                     el punto: la creaci&oacute;n de entidades aut&aacute;rquicas                     en el &aacute;rea de la administraci&oacute;n que depende del                     Poder Ejecutivo le pertenece exclusivamente a &eacute;ste, porque                     implica desmembrar un sector propio de su zona de reserva.</p>
       <p> Hacerlo por ley del congreso es inconstitucional                     porque implica que un &oacute;rgano ajeno invade la mencionada                     zona de reserva. El congreso solamente puede crear entidades                     aut&aacute;rquicas en relaci&oacute;n con materias que, expl&iacute;cita                     o impl&iacute;citamente, encuadran en alguna de las competencias                     que la Constituci&oacute;n le atribuye. </p>
       <p><strong>LyE: &iquest;Es apropiado referirse                     a los Municipios como entes aut&aacute;rquicos con posterioridad                     a la reforma constitucional de 1994? </strong></p>
       <p><strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">Bidart Campos</span></em></strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">:</span></em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX"> </span> Lo considero totalmente                     incorrecto y equivocado, porque desde la reforma de 1994 ya                     no cabe duda alguna acerca de que los municipios son aut&oacute;nomos,                     cualquiera sea la categor&iacute;a que la constituci&oacute;n                     de cada provincia pueda asignarles a los de su jurisdicci&oacute;n                     territorial.</p>
       <p><strong>LyE: &iquest;Cu&aacute;l es el status                     jur&iacute;dico de la Ciudad de Buenos Aires a posteriori de                     la reforma constitucional de 1994?</strong></p>
       <p><strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">Bidart Campos</span></em></strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">:</span></em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX"> </span> Lo fundamental para                     definir el status jur&iacute;dico de la Ciudad de Buenos Aires                     es decir que se trata de una ciudad aut&oacute;noma. No es una                     provincia, pero es m&aacute;s que un municipio. No juzgo erradas                     algunas de las explicaciones que circularon a partir de la reforma                     de 1994: una ciudad-estado, un municipio federado, un sujeto                     de la relaci&oacute;n federal, etc.</p>
       <p> Desde la reforma, y mientras la ciudad siga                     siendo Capital Federal, digo que su territorio ya no est&aacute;                     federalizado (prueba de lo cual es que la Constituci&oacute;n                     prev&eacute; la intervenci&oacute;n federal a la ciudad); solamente                     queda funcionalmente sometido de modo parcial a jurisdicci&oacute;n                     federal para la tutela de los intereses federales, en raz&oacute;n                     de que el gobierno federal reside en la Ciudad de Buenos Aires                     como Capital Federal. </p>
       <p><strong>LyE: En el caso &ldquo;Monges&rdquo;                     la Corte Suprema de Justicia de la Naci&oacute;n afirm&oacute;                     que no existe posibilidad de colisi&oacute;n entre los tratados                     de derechos humanos y el texto constitucional ya que se trata                     de un juicio del Constituyente cuya imprevisi&oacute;n no es                     dable presumir, escapando los mismos por ende al control constitucional.                     &iquest;Podr&iacute;an quedar sujetos, ante este precedente,                     los tratados sobre derechos humanos que sean jerarquizados constitucionalmente                     en el futuro al control de constitucionalidad&rdquo;?. </strong> </p>
       <p><strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">Bidart Campos</span></em></strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">:</span></em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX"> </span> Desde mi punto de vista,                     aunque los tratados de derechos humanos a los que el congreso                     puede conferir jerarqu&iacute;a constitucional conforme al art.                     75, inc. 22, no han pasado por el &ldquo;juicio de compatibilidad&rdquo;                     al que alud&iacute;a la Corte Suprema en el caso que cita la                     pregunta, yo entiendo que al situarse en el v&eacute;rtice de                     nuestro ordenamiento con el mismo nivel de la Constituci&oacute;n,                     no pueden ser eventualmente declarados inconstitucionales. Normas                     que se hallan en pie de igualdad en cuanto a su jerarqu&iacute;a                     impiden comprender que se las declare contradictorias entre                     s&iacute;. Por ende, nuestro control judicial de constitucionalidad                     no puede funcionar respecto de tratados de derechos humanos                     a los que el congreso erige como de jerarqu&iacute;a constitucional.</p>
       <p><strong>LyE: &iquest;Qu&eacute; opini&oacute;n                     le merece el caso &ldquo;Pinochet&rdquo;? &iquest;Debe ceder                     el principio de territorialidad y/o el de temporalidad de la                     ley ante delitos de lesa humanidad? </strong></p>
       <p><strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">Bidart Campos</span></em></strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">:</span></em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX"> </span> Esta pregunta requerir&iacute;a                     un muy extenso comentario. Lo voy a limitar a un solo punto,                     consistente en afirmar con toda seguridad personal que nuestra                     constituci&oacute;n hist&oacute;rica, en el que fue su art.                     102 y ahora art. 118, admiti&oacute; desde mitad del siglo XIX                     la extraterritorialidad en el juzgamiento de delitos contra                     el derecho de gentes. </p>
       <p> Me es muy f&aacute;cil interpretar, con la                     lectura de esa norma, que nuestros tribunales quedaron habilitados                     para conocer de procesos penales por delitos contra el derecho                     de gentes cometidos fuera de nuestro territorio y, viceversa,                     para admitir que tribunales de estados extranjeros puedan juzgar                     delitos de esa misma naturaleza cometidos en nuestro pa&iacute;s.                     Por ende, Argentina nunca debi&oacute; defender oficialmente                     el principio r&iacute;gido de territorialidad al modo como lo                     reivindic&oacute; Chile, porque hacer eso signific&oacute; ignorar                     que nuestra Constituci&oacute;n de hace un siglo y medio atr&aacute;s                     ya dej&oacute; sentado desde entonces el caso de excepci&oacute;n                     al principio de territorialidad. Precisamente, el mismo que                     qued&oacute; tipificado con el de Pinochet.</p>
       <p><strong>LyE: &iquest;Es compatible la implementaci&oacute;n                     del arancelamiento universitario con el mandato constitucional                     de garantizar &ldquo;los principios de gratuidad y equidad de                     la educaci&oacute;n p&uacute;blica estatal&rdquo; plasmado en                     el inc. 19 del art. 75? </strong></p>
       <p><strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">Bidart Campos</span></em></strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">:</span></em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX"> </span> El arancelamiento en                     los estudios de grado es inconstitucional porque viola el art.                     75, inc. 19 que define e impone la gratuidad y equidad de la                     educaci&oacute;n p&uacute;blica estatal. La gratuidad jam&aacute;s                     puede descartarse so pretexto de que hay que compaginarla con                     la equidad, como si entonces pudiera hacerse viable el arancel                     para quienes se hallan en situaci&oacute;n econ&oacute;mica                     de poder afrontar su pago.</p>
       <p> El argumento es falso: la educaci&oacute;n                     p&uacute;blica estatal siempre debe ser gratuita &mdash;guste                     o no guste&mdash; porque lo manda la constituci&oacute;n. La                     equidad es, para m&iacute;, un &ldquo;plus&rdquo;, que exige                     a&ntilde;adir a la gratuidad algo m&aacute;s en el caso de un                     estudiante que precisa agregar otro tipo de ayuda; por ejemplo,                     recursos mediante un subsidio para comprar libros.</p>
       <p><strong>LyE: &iquest;Qu&eacute; opini&oacute;n                     le merece el nivel acad&eacute;mico tanto de los docentes como                     de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires?</strong></p>
       <p><strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">Bidart Campos</span></em></strong><em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX">:</span></em><span lang="ES-MX" xml:lang="ES-MX"> </span> Conozco solamente nuestra                     Facultad de Derecho. Aun as&iacute;, hace ya varios a&ntilde;os                     que no tengo cursos a mi cargo, no obstante mantener contactos                     con estudiantes a trav&eacute;s del Centro, desde el Instituto                     de Investigaciones Jur&iacute;dicas y Sociales donde estoy desde                     1994.</p>
       <p> Creo que en cualquier centro universitario                     hay mixturas: estudiantes buenos, muy buenos, brillantes, haraganes,                     desinteresados y docentes de excelencia, o de buen nivel, o                     bastante buenos y desgraciadamente algunos otros malos o irresponsables.                     Las generalizaciones son dif&iacute;ciles. De todos modos, en                     una estimaci&oacute;n-promedio, creo que el nivel predominante                     de nuestra Facultad en sentido acad&eacute;mico es bueno. </p>
       <p> Me parecer&iacute;a arriesgado decir que es                     excelente.</p>
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